Argentina es un país federal y las provincias tienen dominio sobre sus recursos naturales. Pero también existen presupuestos mínimos ambientales que garantizan estándares comunes en todo el territorio nacional.

La Ley de Glaciares cumple esa función: establece un piso de protección para evitar daños irreversibles en reservas de agua que afectan a múltiples jurisdicciones. Un río que pierde caudal en la cordillera no impacta solo en una provincia; afecta cadenas productivas y poblaciones enteras.

La discusión actual interpela a la dirigencia sobre el modelo de país que se quiere construir. Proteger los glaciares no es frenar el crecimiento: es asegurar que el desarrollo de hoy no comprometa el bienestar de las próximas generaciones.