El economista aseguró que el debate no implica desproteger el ambiente, sino dar mayor claridad normativa para destrabar inversiones. Bulat explicó que el eje de la discusión de esta ley pasa por otorgar mayor potestad a las provincias para definir zonas periglaciares, algo que hoy frena proyectos productivos.

“No es que en la ley de glaciares no hay ningún cuidado ambiental”, afirmó Bulat, y remarcó que «proyecto por proyecto hay que llevar una evaluación de impacto ambiental que cada dos años se revisa”. De este modo, sostuvo que el esquema contempla controles periódicos y mecanismos de supervisión que seguirían vigentes aun con las modificaciones en debate. Para el economista, el cambio no implica eliminar exigencias, sino redefinir competencias.

Según explicó, el punto central es que “las provincias tengan mayor potestad para definir qué zona y qué no es una zona periglacial y eso es lo que hoy está frenado”. En esa línea, indicó que muchos emprendimientos se encuentran en etapa de exploración, pero no avanzan hacia la producción por falta de certezas regulatorias. “Muchos proyectos están poniendo plata en exploración pero dicen ‘hasta que esto no esté definido, no puedo avanzar en la producción’”, sostuvo.

Bulat aportó además un dato para dimensionar el potencial del sector: actualmente existen 310 proyectos mineros en el país, de los cuales solo 26 están en producción. “Tiene mucho por crecer esto”, subrayó, al tiempo que consideró que las proyecciones son “bastante alentadoras”, aunque advirtió que para concretarlas deben resolverse definiciones normativas y políticas. En ese marco, vinculó el escenario con medidas recientes como el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), al señalar que “tienen que pasar ciertas cosas como pasó lo del RIGI” para consolidar el crecimiento.

La votación en el Senado será clave para determinar si la reforma avanza y se modifica el esquema actual de delimitación de áreas protegidas. Desde el oficialismo y sectores productivos sostienen que la iniciativa busca equilibrar desarrollo y cuidado ambiental, mientras que organizaciones ambientalistas advierten sobre posibles retrocesos. En ese cruce, la postura de Bulat se inscribe en una defensa de mayor previsibilidad jurídica como condición para ampliar la producción minera en la Argentina.