La nueva prohibición a menores de 16 años posiciona al sistema legislativo español por encima de la media europea en términos de restricciones a plataformas.

Con el anuncio de prohibir el acceso a redes sociales hasta los 16 años, España se desmarca de la tendencia general de la Unión Europea, donde la mayoría de los países mantienen el límite en los 13 o 14 años siguiendo las recomendaciones del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

Esta decisión política busca liderar un movimiento continental hacia una regulación más protectora de la infancia. Otros países vecinos observan con atención el desarrollo de esta ley, que podría servir de modelo para futuras normativas en el Parlamento Europeo destinadas a armonizar la seguridad online de los menores.

La medida refleja un cambio de paradigma en la gobernanza digital, pasando de la autorregulación de las empresas a una intervención estatal directa. La efectividad de esta política será clave para determinar si otros estados miembros deciden elevar sus propios límites de edad.